Ley de seguridad interior: la dictadura del capital / I

Ley de seguridad interior: la dictadura del capital / I

¿A dónde van los desaparecidos?

Busca en el agua y en los matorrales

¿Y por qué es que se desaparecen?

Porque no todos somos iguales

¿Y cuándo vuelve el desaparecido?

Cada vez que los trae el pensamiento

Rubén Blades, Desapariciones [1984]

Por: Sup Tupa

Resulta ingenuo llegar a creer que la llamada Ley de Seguridad Interior (LSI) tiene como propósito frenar las protestas por un posible fraude electoral en la contienda por el cargo de presidente de la república. En este país ronda un fantasma que no nos es lejano: el espectro de la tragedia colombiana; el de un narco-estado en franco maridaje con las empresas transnacionales. Y es que esta ley tiene que ver más con la reforma energética que con la seguridad del país.

No se ha mencionado con contundencia el papel del Tratado del Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), las empresas que cultivan la palma africana así como las empresas mineras.

El génesis de esta iniciativa no es sólo contener protestas más elaboradas o más violentas, incluso proyectos populares de tipo revolucionario, sino también servirá también para confirmar la instauración de la dictadura del capital.

Lo que aconteció en Colombia en la década de los años ochenta (años en que se recrudeció la violencia) deja registro de la poderosa fuerza que tiene el capitalismo y como se manifiesta en el control de los estados nación a pesar (y por encima) de las decisiones populares. Los grupos antagónicos de la época asumen un papel radicalizado llegando a tomar las armas para combatir construyendo fuertes referentes como las llamadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) mismos que fueron acusados —por el estado mismo— de contaminarse con otra ala radical de la violencia como lo fue el narcotráfico y la nombradas Bandas del Crimen Emergente (BACRIM).

Los grupos paramilitares azuzados por el estado colombiano que a su vez se encontraba apadrinado por los gobiernos estadounidenses desde la época de Ronald Reagan, generaron, a hasta el 30 de agosto del año 2017, la cifra de 84,642 —ochenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y dos— desaparecido en Colombia. Fueron los años más oscuros de una nación que se convulsionó por la disputa que se tuvo por el control del país: narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros y un ente que direccionaba y que no tardó mucho en definirse como un narcoestado.

Lo que sucedió en Colombia está sucediendo en México. De acuerdo al secretariado del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, (RNPED) al mes de febrero del año 2018 —de acuerdo a su portal digital— hay 34,268 de lo que ellos llaman personas «No localizadas».

Para Colombia la respuesta fue una Guerra de Baja Intensidad (GBI) eso mismo se vive en México.

Estructurando el plan contra-insurgente

Y es que en el plano de gobernabilidad del país, las señales de inoperancia del secretariado político del gobierno federal han mostrado estrechez para actuar; ocasionado que se desborden situaciones que pretenden contener con la fuerza policiaca, hoy militar —mimetizada en las estructuras de seguridad pública— no es nuevo ni contraviene a su doctrina.

En Materia de Seguridad el ejército se auto convoca a intervenir cuando ese enemigo interno rebasa las estructuras civiles y rompen el marco jurídico. Ejemplos: 1968 Tlatelolco, 1994 Chiapas, 2006 Oaxaca, también Michoacán. Todo con un solo criterio: «Amenazan la seguridad interna del país».

Y de este modo buscando explicaciones de cómo es que la SEDENA encuentra la «paz mediática», pero no cesa en su labor de recolectar información a través de su estructura recaudadora de datos conocida como Sección Segunda [Inteligencia]. La SEDENA tuvo la capacidad de detectar las fracturas de los movimientos sociales y armados para someterlos bajo cualquier circunstancia, ya sea cooptándolos o despareciéndolos.

¿Cómo es que terminó una fracción de las Autodefensas en Michoacán vestidos de azul y encabezando una nobel Guardia Rural?

¿Cómo en el dicho del mismo gobierno la otra parte de las autodefensas terminó formando una “tercera hermandad” filial al crimen organizado?

¿Cómo es que en este andar por el control de las plazas no se ha señalado que existe una tercera búsqueda: la de grupos subversivos?

Todas estas circunstancias no pueden ser casualidad. El Plan DN-II aunque no es visible, está en operación y ahora la condiciones políticas se están ajustando para que las llamadas reformas estructurales, entre ella la de telecomunicaciones, permitan un magno operativo sin testigos digitales ya que se avecina la regulación de contenidos en internet.

La declaratoria de un estado de excepción en caso de revueltas. La sustitución de los oficiales civiles en los cuerpos de seguridad pública dependientes de los gobiernos municipales por oficiales militares, así como los destacamentos federales y estatales. Ahora, también, tiene el control de una fuerza sumamente beligerante que hará el trabajo parapolicial que denunciaba el mismo Ejército Popular Revolucionario.

En el número 153 de la publicación electrónica del PDPR-EPR, El Insurgente (febrero, 2014), esta organización armada publica un artículo titulado “Militarización y paramilitarización en Michoacán: expresión del Estado policiaco-militar y la guerra contra el pueblo” (pp. 7-10):

de la mano con el nuevo proceso de acumulación y centralización del capital y en contubernio con la actual junta administrativa, se ha puesto en marcha una ‘nueva’ modalidad, el paramilitarismo ramplón imperialista, que consiste en pertrechar militarmente a mercenarios para hacerlos pasar como defensores de las causas populares…

En el escenario nacional la SEDENA se ha invisibilizado; pero el Plan DN-II sigue avanzando y uno de sus enemigos son los grupos armados como fue la Liga comunista 23 de septiembre en los años setentas, cómo es hoy el EPR y el EZLN, pero ahora también pasan por sus radares los grupos anarquistas que han dado muestra de disposición a la lucha. (Continuará).

 

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